En los últimos años se han incorporado muchos servicios telemáticos con el propósito de dejar atrás la “oficina del papel” y aumentar así la productividad de los servicios, impulsando el crecimiento y la innovación. Por ello, el fomento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y del uso de dichos servicios digitales de la Administración es fundamental, cierto es que su uso ha aumentado pero sigue siendo insuficiente.  

Ningún sector puede quedar al margen de esta transformación digital globalizada. 

En virtud de los datos aportados en el Plan de transformación digital de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, el 96% de los ciudadanos dispone de teléfono móvil y el 53,7% utiliza Smartphones. El 50% de los ciudadanos utiliza las redes sociales y el 45% gestiona sus cuentas bancarias online (banca electrónica). Estos porcentajes ascienden a un 90% (con perfil en redes sociales) y a un 53,6% (que utilizan la banca electrónica) si centramos los porcentajes en la ciudadanía más joven, y estas cifras van en aumento. 
Datos como estos son los que nos hacen preguntarnos ¿Qué necesitamos y a dónde queremos llegar? 
Nuestra Administración Pública ha de ser digital. 
La sociedad española ha evolucionado muchísimo y debemos adaptar la Administración a la realidad actual, de lo contrario nos estaríamos quedando atrás. En este nuevo entorno, la Administración debe avanzar hacia un modelo más ágil, eficiente y eficaz que permita solucionar los problemas y cubrir las necesidades de los ciudadanos. Por supuesto, todo ello debe lograrse garantizando la seguridad y la privacidad en el uso de los servicios digitales. 
Es esencial aprovechar las oportunidades que nos proveen las TIC. Entre otras ventajas, ayudan a construir una Administración Pública con una estructura más eficaz y sostenible, mediante la digitalización de los servicios además de mejorar la comunicación pueden acortar las dificultades de acceso y reducir el coste de los servicios. 
La digitalización permite cumplir con las exigencias de transparencia, a partir de la cual el ciudadano pueda estar al corriente de la actividad de la Administración Pública, conocer a dónde y a qué se destinan los recursos. 
Igualmente, permite una mayor interacción, dando lugar al diálogo y haciendo formar parte de ello al ciudadano y a los organismos. Debe darse un intercambio de información fluido, estableciéndose como un canal para que el ciudadano opine y exponga sus necesidades.