El notario español desempeña un papel crucial en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo

Este funcionario público, como deber, tiene que informar a las instituciones correspondientes de todas aquellas actividades que sean sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Con el fin de ejecutar una lucha efectiva contra estos delitos, en 2005 se crea el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado (en adelante OCP), siendo pioneros a nivel mundial. Además, el GAFI ha puesto de manifiesto que la creación de este Órgano, debe servir de ejemplo para el resto de países.

Desde entonces, tal y como informa el Consejo General del Notariado, el OCP del Notariado ha remitido más de 180.000 solicitudes de información a órganos judiciales, ministerio fiscal, Policía y Guardia Civil, y 5.547 operaciones sospechosas al SEPBLAC.

Y bien ¿Cómo funciona?

Este sistema, se configura sobre tres herramientas. La primera es una Base de Datos de Titulares Reales formada por los datos que agrega el notariado español, detallando la propiedad de sociedades. Todo ello, permite hacer seguimiento de las transmisiones de las participaciones y también, revelar las eventuales sociedades pantalla que puedan crearse.

La segunda herramienta es el Índice Único Informático, gestionado por el propio Consejo General del Notariado. Cada 15 días, se recogen todas las operaciones notariales y esta información queda a disposición de la Guardia Civil, Fiscalía, Aduanas, el SEPBLAC, órganos judiciales y la Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo.

Y la tercera es la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública en la que tal y como indica su propio nombre, se detallan datos de personas con responsabilidades políticas y/o públicas, así como de sus allegados.

Con estas herramientas, mediante el cotejo  y cruce de datos, se persigue detectar todas aquellas actividades que sean sospechosas de blanqueo. Igualmente, se han establecido alrededor de 60 indicadores de riesgo y en el caso de detectar algún dato sospechoso, los notarios deben comunicarlo al SEPBLAC con el fin de realizar la correspondiente averiguación.

El mundo se globaliza a pasos forzados y la forma de cometer los delitos también, por ello la coordinación entre las instituciones y el análisis de datos es esencial para luchar de forma efectiva contra estos delitos. El OCP supone un gran paso en esta lucha, pero la pregunta es:

¿Están nuestras instituciones preparadas para el análisis de miles de solicitudes?