La primera sugerencia sobre la imposición de una tasa al flujo de capitales que trascendió fue propuesta por el economista James Tobin. El objetivo era evitar operaciones especulativas a corto plazo y frenar así la volatilidad de los mercados cambiarios internacionales.
En España, es la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, la que establece la conocida como Tasa Tobin. Se aprueba la Ley con el fin de reforzar el principio de equidad del sistema tributario y entrará en vigor el próximo 16 de enero de 2021.
La Ley dispone que quedan sujetas al impuesto las adquisiciones onerosas de acciones de sociedades españolas, independientemente de la residencia de las personas o entidades intervinientes en la operación. Y establece un gravamen del 0,2 por ciento siempre que la sociedad interviniente tenga sus acciones admitidas a negociación en un mercado español o en otro Estado miembro de la UE y que el valor de capitalización bursátil de esta sociedad sea en fecha 1 de diciembre del año anterior a la adquisición, superior a 1.000 millones de euros.
Esta tasa puede ser muy perjudicial para el mercado español, su competitividad se verá afectada y es muy probable que los inversores se planteen otros países como alternativa para evitar la imposición.
A pesar de haberse vendido como la tasa para hacer pagar a aquéllos que tienen grandes fortunas, si analizamos la imposición vemos que serán perjudicados los pequeños inversores y aquellos ahorradores que han venido ahorrando toda la vida. En definitiva, serán ellos quienes acaben pagando directa o indirectamente la tasa y puede dar la sensación de que se trata de recaudar por recaudar.
Esta tasa ya viene aplicándose en otros países como en Italia, el Reino Unido y Francia. Este último, ha sido tomado como referencia para regular aquí su aplicación, la tasa francesa se aplica desde el 2012, pero no se han cumplido las expectativas siendo la recaudación mucho inferior de lo que estaba previsto.
Otro inconveniente de este impuesto de tipo indirecto es la liquidación. El sistema es complejo y no puede ser gestionado por el contribuyente directamente; por tanto, será una entidad la que gestione el 0,2% y a esto habrá que sumar lógicamente la tasa del servicio.
Veremos cómo afecta a la economía española y a la inversión.
