El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o bien, Financial Action Task Force y sus siglas en inglés FATF es un ente intergubernamental que fue creado en 1989 por el G7 con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se posiciona así como el principal organismo internacional contra el blanqueo de capitales.
Se trata de un organismo multidisciplinario en el que diversos especialistas establecen medidas de carácter financiero y jurídico. El GAFI está integrado por 26 jurisdicciones y organismos internacionales como la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.
La normativa que desarrolla este organismo está basada en recomendaciones. A través de un listado de 40 recomendaciones, establecen una marco base que los países deben implementar en sus ordenamientos jurídicos teniendo presente las características y circunstancias particulares en cada caso.
Por ello, el GAFI se está convirtiendo en un órgano legislativo sin necesidad de formar parte de un Estado concreto, es más, se convierte en límite para las prerrogativas legislativas de los Estados. Por ello, se puede afirmar que los Estados al reconocer su poder, están cediendo parte de su soberanía.
En sus plenarios, identifican mediante una Declaración Púbica a aquellas jurisdicciones que no han llevado a cabo las medidas preventivas establecidas para proteger la integridad del sector financiero de cada una de las jurisdicciones. La finalidad es que los propios Estados puedan poner medidas y rectificar las conductas que no concuerdan con las recomendaciones establecidas. Esto supone un gran paso en la lucha contra el Blanqueo de Capitales.
Mediante dicha Declaración, es posible conocer cuales son los Estados comprometidos con la mejora de las deficiencias y con el cumplimiento de las acciones establecidas; y cuales son los Estados que no cumplen los estándares internacionales, poniendo en riesgo la integridad del sistema financiero internacional. Se realizan evaluaciones periódicas para determinar el grado de cumplimiento de cada jurisdicción, así identifican aquellos Estados que se consideran de alto riesgo.
En cuanto a la situación de España, el GAFI considera que desde la evaluación se han registrado avances significativos.
Los Estados no disponen de la suficiente magnitud ni de los recursos necesarios para resolver estos problemas de ámbito global. Para luchar contra la evasión de impuetos, organismos como GAFI son imprescindibles en este mundo guiado por la globalización.
