Idoneidad de la unificación de los centros de procesamiento de datos de la Administración Pública
En los últimos años, en especial desde el inicio de la crisis económica, en España estamos resistiendo un aumento de la presión fiscal, por supuesto con sus claras secuelas como son la emigración de profesionales y Compañías.
Un desarrollo desmesurado del gasto corriente puede comportar consecuencias como el incremento de la presión fiscal, incremento que repercute sobre todos los ciudadanos. Uno de los ejemplos de gasto desmesurado es disponer de más de 800 unidades de recogida de información en la Administración General del Estado.
Con un claro objetivo de mejorar la gestión de los recursos a través de la optimización del gasto público en la Agenda Digital para España, aprobada en fecha 15 de febrero de 2013, se recomienda el impulso del diseño común de las Tecnologías de la información y de las Comunicaciones (en adelante TIC).
La citada Agenda Digital fue configurada para desarrollar la economía y la sociedad digital en España, cumpliendo así la ruta establecida por la Agenda Digital para Europa en 2015 y 2020. De esta forma, marca las pautas a seguir en cuanto a las TIC.
Queremos centrarnos en la recomendación sobre la consolidación de servicios, infraestructuras y creación de servicios compartidos; dado que a estas alturas de 2016 podemos afirmar que no ha tenido la aplicación práctica que se esperaba.
Compartir, centralizar e integrar los centros de procesamiento de datos de la Administración Pública es necesario.
En virtud de los datos aportados por el Informe Reina, existen más de 800 unidades informáticas en la Administración General del Estado. Son ya muchas empresas del ámbito privado así como otros países los que han conseguido reducir significativamente el número de centros de datos, disminuyendo por tanto el gasto. Y en esta línea debe actuar nuestra Administración Pública.
Los objetivos son mejorar la interoperabilidad entre administraciones, y por tanto, racionalizar, consolidar y optimizar los recursos. De este modo se conseguiría reducir entre otros gastos, los recursos destinados a desarrollo y mantenimiento de software, contratación de servicios de telefonía y redes de comunicaciones, etc.
Esta recomendación sigue la línea de creación de estructuras administrativas comunes, dejando de lado la opción de endurecer leyes tributarias para aumentar la recaudación. No obstante, seguimos con un sinfín de centros de procesamiento de datos y a la espera de que se siga esta trascendental pauta que entre otras, permitiría optimizar los recursos sin necesidad de recurrir de nuevo al aumento de la presión fiscal.
Link de interés: El Derecho.com La Administración electrónica en la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
